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Verdad Abierta ofrece información de contexto y a profundidad sobre conflicto armado, procesos de paz, justicia transicional, crimen organizado y restitución de tierras en Colombia. Diez años de riguroso periodismo de investigación.

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  • [H2] La transformaci\u00f3n rural avanza, pero en medio de una crisis humanitaria\n\n\n\nDurante los \u00faltimos a\u00f1os, los grupos armados no estatales han tomado el control de regiones como el Catatumbo y el Choc\u00f3, en donde, seg\u00fan el informe, la violencia sexual contin\u00faa utiliz\u00e1ndose como una herramienta de control territorial y comunitario.\n\n\n\nA esto se suma un fen\u00f3meno silencioso pero letal: la crisis de salud mental. El informe revela que, en las zonas PDET, la tasa de intentos de suicidio en j\u00f3venes de 15 a 19 a\u00f1os es casi tres veces superior al promedio nacional, un s\u00edntoma del asfixiante entorno de zozobra que impide a las nuevas generaciones proyectar un futuro lejos de la violencia.\n\n\n\nSeg\u00fan la Fundaci\u00f3n Ideas para la Paz, 2025 fue el a\u00f1o con m\u00e1s disputas armadas en la \u00faltima d\u00e9cada. Actualmente, hay al menos 13 zonas del pa\u00eds en disputa activa. El recrudecimiento, adem\u00e1s, ha tra\u00eddo nuevas din\u00e1micas. El informe asegura que entre 2016 y 2025 se registraron al menos 1.865 l\u00edderes asesinados y que, de los 19 departamentos PDET, 17 est\u00e1n en la lista con la mayor cantidad de casos registrados. Los municipios con mayores registros fueron Tumaco, Corinto, Caloto y Tib\u00fa.\n\n\n\nPese a esto, el informe del CSM destaca un avance sustancial en el acceso y la formalizaci\u00f3n de la propiedad. con un impulso sin precedentes en la gesti\u00f3n de tierras en los municipios PDET. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) report\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de 40.000 hect\u00e1reas destinadas exclusivamente a familias campesinas y comunidades \u00e9tnicas en estas zonas priorizadas.\n\n\n\nAdem\u00e1s, en t\u00e9rminos de condiciones de vida, la pobreza multidimensional en estos municipios cay\u00f3 del 39,8 por ciento al 23,7 por ciento en el \u00faltimo quinquenio, logrando que la brecha con el resto del pa\u00eds se reduzca significativamente. Asimismo, la conectividad (internet y electricidad) rural ya alcanza un 90 por ciento y la electrificaci\u00f3n un 75 por ciento.\n\n\n\nLa paz hoy se sostiene gracias a la resistencia comunitaria\n\n\n\nEn medio de ese panorama, las comunidades de los territorios PDET siguen firmes con la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz, seg\u00fan el informe. Las comunidades han erigido sistemas de autoprotecci\u00f3n colectiva que hoy son el principal muro de contenci\u00f3n contra la violencia. Las guardias \u00e9tnicas y campesinas son destacadas como experiencias civiles ejemplares que, sin el uso de las armas, logran salvaguardar la integridad de los habitantes y defender la autonom\u00eda de sus resguardos y consejos comunitarios.\n\n\n\n\u201cLa paz hoy se sostiene gracias a la resiliencia comunitaria\u201d, asegur\u00f3 Cogollo. \n\n\n\nEste proceso organizativo no solo es defensivo, sino tambi\u00e9n propositivo. El documento resalta el papel de las redes de mujeres buscadoras de personas desaparecidas y de los docentes rurales, quienes han transformado las escuelas en laboratorios de paz. A trav\u00e9s de pedagog\u00edas de reconciliaci\u00f3n, estos actores est\u00e1n logrando tramitar los traumas del conflicto y reconstruir el tejido social all\u00ed donde la guerra ha dejado cicatrices profundas. Es en estas aulas y asambleas comunitarias donde se est\u00e1 gestando un nuevo modelo de democracia territorial, liderado cada vez m\u00e1s por j\u00f3venes que exigen una voz directa en los escenarios de decisi\u00f3n nacional e internacional.\n\n\n\nEl informe tambi\u00e9n exalta la movilizaci\u00f3n en defensa de la naturaleza como una forma de construcci\u00f3n de paz. Las comunidades en zonas PDET se han convertido en las principales guardianas del medio ambiente, enfrent\u00e1ndose a la expansi\u00f3n desmedida de monocultivos y actividades extractivas que amenazan su pervivencia. Para el CSM, esta \u201cresistencia de dignidad\u201d demuestra que, aunque la presencia del Estado sea intermitente o deficiente, la voluntad de paz en los territorios es una fuerza viva, organizada y capaz de proponer soluciones.\n\n\n\nJusticia en el territorio, dudas en el presupuesto\n\n\n\nPara el Comit\u00e9, la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de B\u00fasqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) han cumplido con territorializar sus funciones. La JEP ha vinculado a 3.764 v\u00edctimas de zonas PDET en diligencias judiciales de los macrocasos, mientras que la UBPD ha puesto en marcha 37 planes regionales de b\u00fasqueda, incluyendo estrategias de b\u00fasqueda fluvial en el r\u00edo Magdalena iniciadas en octubre de 2025. El comit\u00e9 resalta que esta presencia institucional es la que permite que las sanciones a los comparecientes se traduzcan en obras de reparaci\u00f3n directa para las comunidades afectadas.\n\n\n\nPese a los esfuerzos y logros reportados por las entidades responsables de la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz, el informe advierte de manera reiterada sobre la falta de claridad en los rubros presupuestales destinados a los PDET. En particular, se\u00f1ala inconsistencias en las cifras de ejecuci\u00f3n de recursos p\u00fablicos.\n\n\n\nSeg\u00fan el documento, una de las principales alertas proviene de la discrepancia entre los datos oficiales. Mientras la Agencia de Renovaci\u00f3n del Territorio (ART) inform\u00f3, en respuesta a un derecho de petici\u00f3n presentado por el Comit\u00e9 de Seguimiento, que se han ejecutado 43 billones de pesos, la informaci\u00f3n disponible en la Central de Informaci\u00f3n PDET, plataforma oficial de la misma entidad, reporta una ejecuci\u00f3n cercana a los 32 billones de pesos.\n\n\n\nLa diferencia, que supera los 11 billones de pesos, plantea interrogantes sobre la consistencia de los reportes, la transparencia en el manejo de los recursos y la efectividad de los mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas, en un componente clave del Acuerdo de Paz.\n\n\n\nA esto se suma que hay una brecha en la implementaci\u00f3n en los puntos m\u00e1s cr\u00edticos para la transformaci\u00f3n territorial: el punto sobre las v\u00edctimas alcanza apenas el 36 por ciento de implementaci\u00f3n; el de participaci\u00f3n pol\u00edtica, el 37 por ciento; y el de reforma rural, el 49 por ciento, asegura el Comit\u00e9.\n\n\n\n\u201ctampoco hay claridad entre las instituciones sobre c\u00f3mo articularse para evitar que las cifras se dupliquen o se invaliden. Ese es uno de los grandes retos que tiene el Gobierno colombiano: mejorar su nivel estad\u00edstico para que las cifras den cuenta real de lo que se implementa en este pa\u00eds en t\u00e9rminos de las recomendaciones de la Comisi\u00f3n de la Verdad\u201d, dijo Cogollo.\n\n\n\nLos enfoques diferenciales: una deuda hist\u00f3rica\n\n\n\nLa implementaci\u00f3n de la paz en los territorios no ha logrado ser el espejo de la diversidad que prometi\u00f3 el Acuerdo Final. El informe del CSM es contundente al se\u00f1alar que los enfoques diferenciales no est\u00e1n puestos como el eje estructural de la transformaci\u00f3n regional. Esta omisi\u00f3n no es solo t\u00e9cnica; es la prolongaci\u00f3n de una deuda hist\u00f3rica que mantiene a las poblaciones m\u00e1s vulneradas en la periferia de la reparaci\u00f3n estatal.\n\n\n\nEn el \u00e1mbito de los pueblos \u00e9tnicos, la brecha entre el papel y el territorio es alarmante. De las m\u00e1s de ocho mil iniciativas PDET que cuentan con un marcador \u00e9tnico, apenas el 15,7 por ciento ha logrado ejecutarse. Esta par\u00e1lisis, seg\u00fan el informe, no solo frena el desarrollo material, sino que ignora la autonom\u00eda de las autoridades tradicionales y debilita los sistemas de justicia propia. Al ritmo actual, el informe proyecta que la finalizaci\u00f3n de los llamados Planes Integrales de Reparaci\u00f3n Colectiva para estas comunidades podr\u00eda tardar casi tres d\u00e9cadas m\u00e1s.\n\n\n\n\u201cLa implementaci\u00f3n \u00e9tnica no puede seguir siendo un indicador de \u2018gesti\u00f3n\u2019 en un Excel; es una obligaci\u00f3n de pervivencia para pueblos que est\u00e1n al borde del exterminio\u201d, asegura el documento.\n\n\n\nCogollo identific\u00f3 tres factores cr\u00edticos que frenan la ejecuci\u00f3n de las pol\u00edticas de paz en territorios ind\u00edgenas y afrodescendientes. En primer lugar, la persistencia de una exclusi\u00f3n que va m\u00e1s all\u00e1 de los tr\u00e1mites administrativos, se\u00f1alando que la discriminaci\u00f3n estructural, ha estancado el avance de los PDET en estos pueblos.\n\n\n\nA este componente hist\u00f3rico se suma una barrera geogr\u00e1fica y de seguridad. La presidenta del comit\u00e9 expres\u00f3 que existe un traslape entre los asentamientos \u00e9tnicos y las zonas donde el conflicto armado es m\u00e1s agudo, como el Pac\u00edfico, el Caribe y el Cauca. Esta ubicaci\u00f3n \u201cimpide muchas veces que la institucionalidad pueda llegar a estos territorios a implementar las iniciativas de paz\u201d.\n\n\n\nFinalmente, apunta a una deficiencia en la capacidad del Estado para entender y aplicar las particularidades de estas comunidades. Se describe una situaci\u00f3n de \u201cdesprotecci\u00f3n institucional y falta de claridad de los enfoques por parte de los funcionarios p\u00fablicos\u201d. Ante esta realidad, Cogollo hizo \u00e9nfasis en que el aparato estatal requiere un fortalecimiento t\u00e9cnico urgente, advirtiendo que \u201cel pa\u00eds tiene que avanzar mucho m\u00e1s en formaci\u00f3n, en los enfoques diferenciales y, para este caso, en los enfoques \u00e9tnicos\u201d.\n\n\n\nLa situaci\u00f3n para la poblaci\u00f3n LGBTIQ+ es igualmente cr\u00edtica, marcada por una invisibilizaci\u00f3n que el CSM califica como sistem\u00e1tica. En la ruralidad, la discriminaci\u00f3n institucional se manifiesta en barreras de acceso a derechos fundamentales. Esta exclusi\u00f3n se agrava por un entorno de seguridad hostil, donde el temor a las represalias de los grupos armados y el estigma social generan un subregistro masivo de las violencias sufridas, dejando a estas personas en indefensi\u00f3n jur\u00eddica y psicosocial.\n\n\n\nFinalmente, en cuanto al enfoque de g\u00e9nero, se presentan cifras positivas, ya que ha sido el punto con mayor porcentaje de implementaci\u00f3n. Sin embargo, el informe advierte que este enfoque ha sido reducido, en muchos casos, a una participaci\u00f3n formal de las mujeres en espacios de planeaci\u00f3n, sin que esto se traduzca en una autonom\u00eda econ\u00f3mica real. La sobrecarga de labores de cuidado y la falta de garant\u00edas de seguridad para las lideresas territoriales impiden que su incidencia sea efectiva. \n\n\n\n\u201cLas iniciativas para mujeres rurales son las de mayor implementaci\u00f3n, lo que no implica transformaci\u00f3n. Porque el patriarcado y el machismo hacen que, aunque las mujeres sean quienes est\u00e1n recibiendo las iniciativas, las transformaciones no se vean porque muchas son controladas tambi\u00e9n por los hombres\u201d, explic\u00f3 Cogollo.\n\n\n\nLos llamados a la acci\u00f3n\n\n\n\nEl comit\u00e9 propone una hoja de ruta que, siguiendo las recomendaciones de la Comisi\u00f3n de la Verdad, puede mejorar la implementaci\u00f3n de los PDET y de lo pactado en el Acuerdo de Paz. Por ejemplo, demanda una reestructuraci\u00f3n t\u00e9cnica y financiera que unifique las cifras de inversi\u00f3n y alinee los planes territoriales. Esta hoja de ruta exige que alcaldes y gobernadores sincronicen sus planes de desarrollo con los compromisos del Acuerdo, garantizando que el presupuesto se ejecute con transparencia y bajo mecanismos de evaluaci\u00f3n donde la comunidad tenga una incidencia real en la toma de decisiones.\n\n\n\nUno de los principales llamados del comit\u00e9 es la implementaci\u00f3n de una \u2018paz grande\u2019. \u201cCreo que la paz grande es la gran posibilidad para la no repetici\u00f3n en este pa\u00eds y para que con esto paremos la violencia pol\u00edtica\u201d, dijo Cogollo.\n\n\n\nEn el plano social, el informe urge a priorizar a las poblaciones m\u00e1s rezagadas, exigiendo un marcador presupuestal espec\u00edfico para los pueblos \u00e9tnicos y una pol\u00edtica de juventud rural que atienda la crisis de salud mental. Asimismo, se requiere que el Estado garantice la autonom\u00eda econ\u00f3mica de las mujeres y la inclusi\u00f3n efectiva de la poblaci\u00f3n LGBTIQ+, pasando de una participaci\u00f3n formal en los espacios de planeaci\u00f3n a una transformaci\u00f3n tangible en sus condiciones de vida.\n\n\n\nFinalmente, el comit\u00e9 condiciona la viabilidad de la paz a la seguridad jur\u00eddica y la protecci\u00f3n territorial. El llamado incluye la aprobaci\u00f3n urgente de la Jurisdicci\u00f3n Agraria y una aceleraci\u00f3n de la reparaci\u00f3n colectiva que, al ritmo actual, tardar\u00eda 26 a\u00f1os adicionales en completarse. \n\n\n\n\u201cLa arquitectura de la paz est\u00e1 dise\u00f1ada y las comunidades est\u00e1n listas para habitarla, pero sin una voluntad pol\u00edtica que priorice la vida y respete la diversidad territorial, el horizonte de 2034 seguir\u00e1 vi\u00e9ndose como una promesa lejana\u201d, concluye el Comit\u00e9.\n","post_date":"2026-02-03 10:58:00","post_excerpt":"","post_parent":0,"post_status":"publish","post_title":"Radiograf\u00eda de una paz inconclusa: \u00bfqu\u00e9 ha pasado con las recomendaciones de la Comisi\u00f3n de la Verdad?","post_type":"post","slug":"radiografia-de-una-paz-inconclusa-que-ha-pasado-con-las-recomendaciones-de-la-comision-de-la-verdad","post_date_gmt":"2026-02-03 15:58:00","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"radiografia-de-una-paz-inconclusa-que-ha-pasado-con-las-recomendaciones-de-la-comision-de-la-verdad","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-03-12 11:13:51","post_modified_gmt":"2026-03-12 16:13:51","post_content_filtered":"","guid":"https:\/\/verdadabierta.com\/?p=30481","menu_order":0,"post_mime_type":"","filter":"raw","status":"publish"},{"id":30374,"ID":30374,"object_type":"post","post_author":"1","post_content":"\n\nLa segunda sesi\u00f3n de negociaciones entre el Gobierno y el Ej\u00e9rcito Gaitanista de Colombia cerr\u00f3 con acuerdos para crear zonas temporales para que los casi 9.000 miembros del grupo armado se concentren en tres municipios a partir del primero de marzo. VerdadAbierta.com convers\u00f3 con \u00c1lvaro Jim\u00e9nez, jefe de la delegaci\u00f3n del gobierno nacional.\n\n\n\n\nLa b\u00fasqueda del sometimiento y desarme del grupo armado ilegal m\u00e1s poderoso de Colombia comienza a dar los primeros frutos. En la \u00faltima sesi\u00f3n de negociaciones desarrolladas en Doha, Catar, el autodenominado Ej\u00e9rcito Gaitanista de Colombia (EGC), tambi\u00e9n conocido como el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, acord\u00f3 empezar a concentrar sus miembros a partir del primero de marzo en tres Zonas de Ubicaci\u00f3n Temporal (ZUT) donde no podr\u00e1n portar armas. \n\n\n\nProyectos piloto de construcci\u00f3n de paz se est\u00e1n empezando a desarrollar en 15 municipios y el grupo armado ha suspendido temporalmente las extorsiones en \u00e1reas bajo su control. \u201cHemos constatado que eso es real\u201d, dice el jefe negociador del gobierno, \u00c1lvaro Jim\u00e9nez. Sin embargo, el tema espinoso del narcotr\u00e1fico no se ha tocado con el grupo considerado la mayor organizaci\u00f3n que trafica drogas desde el pa\u00eds a mercados internacionales. Para eso, se busca involucrar a Estados Unidos y el Reino Unido en las conversaciones. \n\n\n\nVerdadAbierta.com (VA): \u00bfC\u00f3mo se han venido desarrollando las negociaciones con el EGC?\n\n\n\n\u00c1lvaro Jim\u00e9nez (AJ): Est\u00e1 definido como un proceso para la desmovilizaci\u00f3n del autodenominado Ej\u00e9rcito Gaitanista de Colombia. Adem\u00e1s, busca construir paz en los territorios.\u00a0\n\n\n\nEs la continuidad de otros esfuerzos que el Estado colombiano ha hecho desde 2016 para encontrar soluci\u00f3n negociada a la violencia que este grupo genera y a la inestabilidad que ha venido caus\u00e1ndole..\n\n\n\nEstamos d\u00e1ndole desarrollo a una ambici\u00f3n en donde el Estado colombiano y el grupo mismo, desde 2016, empezaron unas conversaciones durante el gobierno de Juan Manuel Santos que buscaban el sometimiento.\n\n\n\nHay una acci\u00f3n combinada en producir resultados por la v\u00eda de la utilizaci\u00f3n de la fuerza legal del Estado colombiano con cooperaci\u00f3n internacional, y por otro lado encontrar una soluci\u00f3n negociada por la v\u00eda del sometimiento.\n\n\n\nDurante este gobierno y especialmente en los \u00faltimos dos a\u00f1os lo que hicimos fue desarrollar algunos encuentros que nos permitieran construir confianza para identificar la voluntad positiva de avanzar en la direcci\u00f3n que nos hemos propuesto, y hoy estamos en una etapa p\u00fablica de conversaciones que llamamos la etapa de consolidaci\u00f3n de la confianza. \n\n\n\nVA: En la \u00faltima sesi\u00f3n se acord\u00f3 una concentraci\u00f3n de las fuerzas del EGC en tres municipios \u2014 Bel\u00e9n de Bajir\u00e1 y Ungu\u00eda (Choc\u00f3) y Tierralta (C\u00f3rdoba) \u2014 a partir del primero de marzo. \u00bfC\u00f3mo funcionar\u00e1n las Zonas de Ubicaci\u00f3n Temporal?\n\n\n\nAJ: A primero de marzo van a ingresar personas que pertenecen al EGC para desarrollar all\u00ed un proceso de transici\u00f3n. Las zonas est\u00e1n regladas por la Ley 2272 e indican qu\u00e9 se puede y qu\u00e9 no se puede hacer. Una de las cosas que no se puede es estar armado dentro de la zona. Hay una serie de protocolos que tenemos que escribir a\u00fan que tienen que ver con la administraci\u00f3n de la zona, por ejemplo, si hay una ruptura entonces c\u00f3mo se procede.\n\n\n\nTodos esos temas todav\u00eda los tenemos que trabajar de aqu\u00ed a la fecha del ingreso, pero empezamos ya la etapa de tr\u00e1nsito, que implica socializaci\u00f3n, que implica preparaci\u00f3n de documentos, que implica precisiones de orden log\u00edstico, que implica condiciones de orden administrativo, y en eso estamos trabajando.\n\n\n\nEl Ministerio de Defensa y la informaci\u00f3n que nos entregan las autoridades de manera oficial es que este es un grupo que tiene una cifra cercana a las 9.000 personas. Sabemos que hay fuentes de informaci\u00f3n individuales, centros de pensamiento, varias ONGs que dicen que ellos son 15.000, 14.000, 13.000, 20.000, pero nosotros nos movemos con las cifras oficiales.\n\n\n\nTenemos la confianza de que los delegados que est\u00e1n participando en estas conversaciones son los delegados de la estructura de comando que tiene este grupo armado, que se llama el Estado Mayor Conjunto, que lidera el se\u00f1or \u00c1vila, que es el se\u00f1or a quien conocen como Javier, y est\u00e1n representados los otros miembros del comando conjunto que tienen hoy como instrumento de direcci\u00f3n principal.\n\n\n\nRecuerda que todo esto tiene un antecedente de reuniones que hicimos previas. Yo tuve una reuni\u00f3n con el Estado Mayor Conjunto antes para verificar todo eso. Entonces estamos hablando con ellos.\n\n\n\nVA: Despu\u00e9s de dos sesiones en Doha, en septiembre y comienzos de diciembre, \u00bfqu\u00e9 m\u00e1s han acordado hasta la fecha y qu\u00e9 impacto concreto tienen esos acuerdos en los territorios?\n\n\n\nAJ: Definimos desarrollar acciones piloto de paz que nos permitan ir evaluando los desarrollos en materia de construcci\u00f3n de paz sobre tres ejes: uno, disminuci\u00f3n de las violencias; otro, transformaci\u00f3n de los territorios; y un tercero que es el elemento que da cuenta de la transici\u00f3n del grupo armado a una condici\u00f3n de ciudadan\u00eda.\n\n\n\nLa primera es el respeto de los derechos y la garant\u00eda de los mismos para los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en esos cinco municipios. La segunda es la sustituci\u00f3n de la totalidad de los cultivos de uso il\u00edcito que tienen presencia en esos municipios. El tercer elemento: garantizar la implementaci\u00f3n de las pol\u00edticas de protecci\u00f3n ambientales por la afectaci\u00f3n que se da producto de la explotaci\u00f3n ilegal de oro, de la explotaci\u00f3n il\u00edcita de maderas, la expansi\u00f3n de la frontera agr\u00edcola y la explotaci\u00f3n de fauna ilegal que sucede en esas zonas.\n\n\n\nUn cuarto elemento tiene que ver con la migraci\u00f3n, en donde nosotros definimos que es un tema que debe ser abordado por parte de las autoridades locales y nacionales sin intervenci\u00f3n del grupo.\n\n\n\nY un quinto elemento que es la construcci\u00f3n en materia de justicia. Lo que le estamos diciendo es: en la zona donde estamos trabajando el proceso de construcci\u00f3n de paz con este grupo, el componente de seguridad y de construcci\u00f3n de paz es importante, pero esos dos requieren urgentemente la mirada del sector justicia. Hay que fortalecer una justicia cercana y pronta para los pobladores de la regi\u00f3n.\n\n\n\nEsos cinco elementos tienen un componente transversal: el compromiso de que no funciona m\u00e1s el c\u00f3digo del grupo armado para regular la convivencia de los pobladores de la zona, sino que entra a regir el c\u00f3digo de convivencia y seguridad ciudadana que implementa la Polic\u00eda Nacional.\n\n\n\nTambi\u00e9n est\u00e1 el componente de respeto a la acci\u00f3n integral contra minas y el del respeto a las normas del derecho internacional humanitario. \n\n\n\nY le dijimos a las comunidades que para desarrollar esos acuerdos en los municipios con corregimientos y veredas necesit\u00e1bamos constituir unos equipos de trabajo en donde participen los alcaldes, las comunidades a trav\u00e9s de sus representantes, las autoridades \u00e9tnicas en esos municipios, y adem\u00e1s que participen las v\u00edctimas a trav\u00e9s de sus asociaciones.\n\n\n\nPara ello \u00edbamos a conformar unos comit\u00e9s municipales que son los responsables de hacerle seguimiento a la implementaci\u00f3n de lo acordado. En cada uno de esos comit\u00e9s va a haber una persona que sin ser miembro del grupo puede ejercer opiniones o consideraciones que el grupo traslade a trav\u00e9s de ellos.\n\n\n\nLe pedimos tambi\u00e9n a la Iglesia, a trav\u00e9s de la Conferencia Episcopal Colombiana y al Consejo Mundial de Iglesias, que acompa\u00f1ar\u00e1n el monitoreo y seguimiento de ese proceso. \n\n\n\nVA: Esos pilotos primero se aplicaron a cinco municipios: Acand\u00ed, Ungu\u00eda, Bel\u00e9n de Bajir\u00e1 y Riosucio en Choc\u00f3 y Mutat\u00e1 en Antioquia. En diciembre acordaron ampliarlo a 10 municipios m\u00e1s. \u00bfC\u00f3mo va la implementaci\u00f3n de lo acordado?\n\n\n\nAJ: Entre septiembre y esta fecha se han instalado ya los comit\u00e9s. El ICBF asumi\u00f3 la responsabilidad sobre el primer punto, la Direcci\u00f3n de Sustituci\u00f3n de Cultivos Il\u00edcitos sobre el segundo punto, la Canciller\u00eda y el Ministerio de Ambiente est\u00e1n en el proceso de asumir responsabilidades all\u00ed. En el caso del Ministerio de Ambiente tiene que incorporar a las corporaciones regionales, Corpourab\u00e1 y Codechoc\u00f3. En el caso de migraci\u00f3n, Canciller\u00eda tiene que preparar todos los alistamientos que tienen que ver con Migraci\u00f3n Colombia, pero tambi\u00e9n tiene que interlocutar con Panam\u00e1.\n\n\n\nLe hemos pedido al sector justicia que nos acompa\u00f1e. Sobre eso hay desarrollos que ya est\u00e1n consolid\u00e1ndose en la regi\u00f3n, no al 100 por ciento porque empezamos hace dos meses, pero hay unos avances. Las autoridades locales est\u00e1n involucradas.\n\n\n\nEl grupo de manera unilateral tom\u00f3 la decisi\u00f3n de suspender el cobro de extorsiones en los cinco municipios a los negocios legales. Hemos constatado que eso es real. Esa suspensi\u00f3n la anunciaron desde septiembre hasta fines del mes de enero. Nosotros hemos indicado la necesidad de que eso sea permanente y se extienda. Entonces ah\u00ed todav\u00eda tenemos una discusi\u00f3n.\n\n\n\nLos nuevos municipios son C\u00e1ceres, El Bagre y Nech\u00ed en Antioquia; en el sur de C\u00f3rdoba: Tierralta, Montel\u00edbano, Puerto Libertador, Ayapel y San Jos\u00e9 de Ur\u00e9. Y en el departamento de Bol\u00edvar, dos municipios de los Montes de Mar\u00eda: San Jacinto y El Carmen de Bol\u00edvar.\n\n\n\nSon municipios en donde consideramos que podemos desarrollar acciones de reducci\u00f3n de violencia, de transformaci\u00f3n de econom\u00eda y empezar la transici\u00f3n del grupo. \n\n\n\nVA: \u00bfC\u00f3mo se compone el acompa\u00f1amiento internacional de este proceso?\u00a0\n\n\n\nAJ: En la segunda sesi\u00f3n creamos un grupo de pa\u00edses mediadores. Catar ha sido el anfitri\u00f3n y es un mediador desde la primera sesi\u00f3n, pero ahora est\u00e1 acompa\u00f1ado del Gobierno de Noruega, el Gobierno espa\u00f1ol, Suiza y obviamente el Estado catar\u00ed, para un grupo de cuatro estados mediadores.\n\n\n\nLa figura de la mediaci\u00f3n es una figura novedosa en la historia de los procesos de paz que vienen desde 1990 hasta 2025 en Colombia, porque siempre le hemos dado el rol a la comunidad internacional de ser acompa\u00f1ante, de ser facilitador, ser garante. Como mediadores ellos pueden ser mucho m\u00e1s activos en la mesa, opinar sobre los temas, incidir sobre los actores, pero tambi\u00e9n sobre la tem\u00e1tica. Esa consideraci\u00f3n la tomamos por una raz\u00f3n concreta: el fen\u00f3meno que expresa este grupo armado es un fen\u00f3meno que tiene din\u00e1micas de econom\u00eda transnacional con impacto y efectos sobre los estados de otras regiones del mundo.\n\n\n\nPorque yo no puedo desconocer que lo que ocurre con este grupo y la din\u00e1mica que involucra tenga que ver con lo que ocurre en Espa\u00f1a, con los alijos de coca\u00edna que llegan all\u00e1, o con las din\u00e1micas de comercializaci\u00f3n de oro ilegal que se est\u00e1n dando a partir de que el oro se convirti\u00f3 en moneda refugio para buena parte del mundo por su alto valor.\n\n\n\nEse grupo de pa\u00edses mediadores est\u00e1 ya definido y particip\u00f3 de esta segunda sesi\u00f3n. Igualmente particip\u00f3 la Misi\u00f3n de Acompa\u00f1amiento al Proceso de Paz de la OEA que acept\u00f3 ejercer la verificaci\u00f3n de los acuerdos.\n\n\n\nIgualmente nos acompa\u00f1\u00f3 en la mesa la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n a trav\u00e9s del Procurador Delegado de los Derechos Humanos. Necesitamos que estos sean procesos de Estado, y la llegada de un se\u00f1or procurador delegado de la estatura de N\u00e9stor Osuna en calidad de observador del proceso nos ayuda a advertir la necesaria continuidad del mismo.\n\n\n\nVA: Entre los acuerdos para los proyectos piloto est\u00e1 el tema de la sustituci\u00f3n de cultivos, pero \u00bfse ha conversado sobre el tema del narcotr\u00e1fico como tal?\n\n\n\nAJ: Ese tema no lo hemos abordado. Por eso nosotros estamos buscando un mayor nivel de incidencia internacional en este proceso. Porque en la medida en que este fen\u00f3meno que abordamos cuando trabajamos los temas de violencia de este grupo tienen que ver con temas de econom\u00edas transnacionales y de procesos y din\u00e1micas relacionadas con la din\u00e1mica transnacional del crimen organizado hoy en Colombia y en otras latitudes, es obvio que la comunidad internacional sea un socio activo.\n\n\n\nHemos hecho sesiones formales de informaci\u00f3n al gobierno de Estados Unidos a trav\u00e9s de su delegaci\u00f3n diplom\u00e1tica en Bogot\u00e1, donde les contamos todo lo que se est\u00e1 conversando, les contamos cu\u00e1les son los desarrollos y en qu\u00e9 estamos con ese grupo. \n\n\n\nEl EGC, ha aceptado de manera clara que es importante invitar a Estados Unidos a participar de la mesa, al igual que es importante que participe la delegaci\u00f3n del Reino Unido, porque son pa\u00edses que est\u00e1n afectados e involucrados en la din\u00e1mica de confrontaci\u00f3n del narcotr\u00e1fico y de la criminalidad que ejerce el grupo.\n\n\n\nNosotros creemos que es important\u00edsimo que ellos dos participen y as\u00ed lo hemos hecho saber a sus autoridades. La respuesta que hemos obtenido es que ellos est\u00e1n observando, mirando, pero todav\u00eda no tienen decisiones tomadas al respecto.\n\n\n\nVA: \u00bfQu\u00e9 implicaciones tiene estar en estas negociaciones sin tener una base jur\u00eddica s\u00f3lida que les asegure a ellos, a las v\u00edctimas y a la sociedad c\u00f3mo van a quedar en el sentido jur\u00eddico?\n\n\n\nAJ: Hay una base jur\u00eddica s\u00f3lida en lo que estamos haciendo: la Constituci\u00f3n y la Ley 2272. Ese es el marco sobre el cual nos estamos moviendo ahora. La sentencia de la Corte Constitucional respecto de la Ley 2272 dijo que a los grupos armados organizados se les pueden aplicar normas de justicia transicional. Entonces ah\u00ed tenemos ese camino.\n\n\n\n\u00bfCu\u00e1l es el otro camino? Las normas del sistema de justicia colombiano que nadie les ha derogado. Nosotros no estamos buscando un sistema de justicia especial para este grupo ni para ning\u00fan otro grupo como pol\u00edtica de este momento de la construcci\u00f3n de paz.\n\n\n\nAhora bien, yo s\u00e9 \u2014porque el pa\u00eds est\u00e1 enterado\u2014 que el exministro Montealegre present\u00f3 un proyecto de ley a discusi\u00f3n al Congreso, pero recuerda que el poder Legislativo es independiente del poder Ejecutivo. Si el Legislativo ordena, nosotros haremos caso. Si no ordena, pues tambi\u00e9n haremos caso. Pero nosotros no somos quienes definen las normas legales en este pa\u00eds.\n\n\n\n\u00bfQu\u00e9 tenemos? Un marco de justicia, y ah\u00ed nos estamos moviendo. Ahora, los desarrollos de todos los procesos de paz en Colombia desde los 90 hasta hoy han demostrado, han indicado, que los elementos jur\u00eddicos del proceso son lo \u00faltimo que se discute.\n\n\n\nAs\u00ed ha sido: as\u00ed fue en la \u00e9poca de los 90 con el M-19, con el EPL, y as\u00ed fue ahora con el proceso con las Farc. Aqu\u00ed vamos en la segunda sesi\u00f3n. Tenemos un marco s\u00f3lido. Habr\u00e1 desarrollos m\u00e1s adelante, es posible, pero no puedo aventurarme a hacer conjeturas sobre esos desarrollos.\n\n\n\nCon lo que estamos trabajando es con lo que corresponde en la ley, y el grupo armado es consciente de que ese es el marco con el que estamos trabajando.\n\n\n\nVA: \u00bfCu\u00e1l es el gran desaf\u00edo estructural detr\u00e1s de todo esto?\n\n\n\nAJ: El gran desaf\u00edo en construcci\u00f3n de paz en Colombia se refiere, entre otras cosas, a que nosotros tenemos una costumbre de pensar que la soluci\u00f3n de nuestros conflictos pasa exclusivamente por resolver el tema de la ilegalidad armada, y si bien es cierto que ese es un factor importante, no es el \u00fanico. La verdad es que la inestabilidad es un fen\u00f3meno multicausal. Parte de esa multicausalidad se refiere a que en los territorios donde est\u00e1 la presencia de grupos armados hay una presencia estatal muy marginal o pr\u00e1cticamente inexistente.\n\n\n\nUn ejemplo concreto es que en la zona del Dari\u00e9n siempre han dominado o las Farc o el EPL o las AUC, y ahora en los 2020 est\u00e1 el EGC. \u00bfQu\u00e9 significa esto? Que el Estado nunca ha controlado esas zonas, que nunca hemos tenido el control de la frontera con Panam\u00e1, que tampoco hemos controlado los r\u00edos del Choc\u00f3, que la desembocadura del r\u00edo Atrato siempre ha estado en manos de ilegales. Entonces eso no lo podemos resolver solo firmando un papel o solo desmovilizando a los hombres armados. Esa comprensi\u00f3n de la pol\u00edtica de paz en esa dimensi\u00f3n es un desaf\u00edo que va mucho m\u00e1s all\u00e1 de este y del siguiente gobierno.\n\n\n\nPorque si no resolvemos que entre Jurad\u00f3 y Tumaco no tengamos un solo acueducto funcional, y mientras que todos los municipios del borde Pac\u00edfico no tengan energ\u00eda las 24 horas, va a ser muy dif\u00edcil que esos vac\u00edos institucionales no sean aprovechados por los grupos armados y por las econom\u00edas ilegales, y vuelvan a consolidar ciclos de violencia.\n\n\n\nAhora nos toca pensar que la superaci\u00f3n de los circuitos de violencia de esas zonas pasa por la transformaci\u00f3n de las econom\u00edas y por la transformaci\u00f3n de esos territorios. \u00bfPor qu\u00e9 raz\u00f3n? Porque si no logramos hacer eso, no vamos a lograr romper la repetici\u00f3n de ciclos de violencia.\n\n\n\nVA: \u00bfC\u00f3mo se reconoce la irreversibilidad del proceso?\n\n\n\nAJ: Yo creo que, si las comunidades y las autoridades locales, que son las que quedan de este proceso, ven que eso es positivo, lo van a defender. Eso har\u00eda un primer nivel de irreversibilidad. Lo segundo: si las acciones que se desarrollen, la gente las ve que le sirven \u2014no la gente de Bogot\u00e1, sino la gente que vive all\u00e1\u2014 va a defender los procesos.\n\n\n\nEl Estado es d\u00e9bil y esa es la realidad concreta. Para el que vive marginalizado le toca someterse a la voluntad del grupo armado. Eso es lo que tenemos que superar. Hemos bombardeado, hemos matado, nos hemos dado bala 70 a\u00f1os, pero eso no lo ha resuelto. Entonces nos toca, aunque sea cans\u00f3n, aunque sea dif\u00edcil, aunque sea aburridor, aunque le saque la piedra a uno tratar de resolverlo negociadamente, con todo y lo precioso que sea eso.\n\n\n\nEsta entrevista ha sido editada para mayor brevedad y claridad.\n\n\n\n\n","post_date":"2025-12-15 11:17:00","post_excerpt":"","post_parent":0,"post_status":"publish","post_title":"En medio de paro armado del ELN, avanza proceso con el EGC: entrevista con jefe negociador","post_type":"post","slug":"en-medio-de-paro-armado-del-eln-avanza-proceso-con-el-egc-entrevista-con-jefe-negociador","post_date_gmt":"2025-12-15 16:17:00","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"en-medio-de-paro-armado-del-eln-avanza-proceso-con-el-egc-entrevista-con-jefe-negociador","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-09 12:28:01","post_modified_gmt":"2026-02-09 17:28:01","post_content_filtered":"","guid":"https:\/\/verdadabierta.com\/?p=30374","menu_order":0,"post_mime_type":"","filter":"raw","status":"publish"},{"id":29985,"ID":29985,"object_type":"post","post_author":"1","post_content":"\nDespu\u00e9s de ocho a\u00f1os, la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz emiti\u00f3 sus primeras sentencias condenatorias. Mientras que algunas v\u00edctimas han mostrado su rechazo a las sanciones impuestas, el tribunal de justicia transicional las defiende.\n\n\n\nLas primeras sentencias de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP) marcan un punto de inflexi\u00f3n en el trabajo de la justicia transicional en Colombia y en el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016. El tribunal impuso sanciones a los miembros del \u00faltimo Secretariado de las extintas Farc por su 'pol\u00edtica' de secuestro y a militares por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, conocidos como 'falsos positivos' en la Costa Caribe.   \n\n\n\nEl Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoci\u00f3 ambas sentencias como un hito judicial y pol\u00edtico para Colombia, destacando que el proceso \u201cpone a las v\u00edctimas en el centro\u201d y fortalece la legitimidad del modelo de justicia transicional ante el mundo. Sin embargo, las decisiones tambi\u00e9n han generado debate y cuestionamiento sobre la proporcionalidad de las sanciones y analistas advierten que el cumplimiento depender\u00e1 m\u00e1s de la articulaci\u00f3n de las instituciones que de la obligatoriedad jur\u00eddica. El presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, defiende el alcance hist\u00f3rico de los fallos. \u201cLas sanciones no son un punto final, son un punto de partida para seguir reconstruyendo la verdad y garantizar la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas\u201d, dice.  Las sanciones impuestas se conocen como \u2018sanciones propias\u2019, un tipo de condena restaurativa que no implica c\u00e1rcel, pero s\u00ed obliga a los responsables a reconocer p\u00fablicamente su responsabilidad, reparar los da\u00f1os causados y ejecutar proyectos concretos en beneficio de las comunidades afectadas. Las sanciones combinan dos dimensiones: proyectos restaurativos \u2014como obras comunitarias, reconstrucci\u00f3n de infraestructura o acciones de memoria\u2014 y un componente de restricci\u00f3n efectiva de libertades y derechos, que obliga a los sancionados a permanecer bajo supervisi\u00f3n judicial y cumplir condiciones estrictas de movilidad. El \u00e9xito de estas medidas depende del compromiso institucional del Estado, que debe garantizar su implementaci\u00f3n y articulaci\u00f3n con las v\u00edctimas y las autoridades locales. El magistrado agreg\u00f3 que esa condicionalidad es una forma de garantizar que las sanciones restaurativas se cumplan y que la verdad siga fluyendo despu\u00e9s del fallo.  La sentencia en el Caso 01 conden\u00f3 a siete integrantes del \u00faltimo Secretariado de las Farc por cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad. Entre ellos se incluye la toma de rehenes, privaciones graves de la libertad, asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud, cometidos entre 1993 y 2012 en distintas regiones del pa\u00eds. Estos hechos estuvieron ligados a las pol\u00edticas de financiaci\u00f3n, canje de prisioneros y control social implementadas por la guerrilla durante el conflicto. Por su parte, la sentencia en el Caso 03 condena a 12 miembros de la Fuerza P\u00fablica adscritos al Batall\u00f3n La Popa, por su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegalmente como bajas en combate. La JEP los declar\u00f3 culpables de cr\u00edmenes de lesa humanidad \u2014asesinato, desaparici\u00f3n forzada, tortura y persecuci\u00f3n\u2014 y del crimen de guerra de homicidio en persona protegida. Estos hechos ocurrieron entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y en el sur de La Guajira. En el caso contra las Farc, Ramelli explica que la decisi\u00f3n es el resultado de una investigaci\u00f3n sin precedentes que document\u00f3 m\u00e1s de 21.000 secuestros y cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 4.000 v\u00edctimas y 106 representantes. \u201cNo se trata solo de la decisi\u00f3n final, sino de todo lo que hubo antes: la participaci\u00f3n activa de las v\u00edctimas en todas las etapas procesales\u201d, se\u00f1al\u00f3. Adem\u00e1s subray\u00f3 que esta es la primera condena por trece cr\u00edmenes internacionales en la historia del pa\u00eds, no ordinarios. \u201cNo son delitos ordinarios \u2014dijo\u2014, son cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad, como la toma de rehenes, las torturas y las violencias sexuales que antes no se estaban judicializando.\u201d De acuerdo con cifras oficiales, ante la JEP se han acreditado m\u00e1s de 9.200 v\u00edctimas individuales y cerca de 340.000 personas pertenecientes a sujetos colectivos- grupos de personas que han sufrido da\u00f1os colectivos por el conflicto armado, como pueblos \u00e9tnicos, organizaciones sociales, campesinos- entre ellas las m\u00e1s de 21.000 v\u00edctimas de la 'pol\u00edtica' de secuestros de las Farc. En el Caso 03, la Sala de Reconocimiento document\u00f3 m\u00e1s de 6.400 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008, aunque organizaciones de v\u00edctimas sostienen que la cifra real podr\u00eda ser mayor.\n\n\n\nLas sentencias no cierran el proceso: comienza la fase de implementaci\u00f3n\n\n\n\nEncuentro entre v\u00edctimas, comparecientes de las Farc, JEP y entidades estatales, para analizar el cumplimiento de la sentencia del Caso 01. Foto: JEP.\n\n\n\nLa tarea de la JEP sigue siendo colosal. Las dos sentencias son s\u00f3lo una parte de las investigaciones que adelanta la jurisdicci\u00f3n de los 11 macrocasos en los que trabajan los magistrados. Sin embargo, Ramelli asegura que en poco tiempo saldr\u00e1n nuevas decisiones. \u201cSe vienen varias sentencias. Estamos en la etapa final de algunos casos muy avanzados, en los que los magistrados est\u00e1n deliberando y revisando los aportes a la verdad\u201d, se\u00f1al\u00f3. Por ejemplo, el 9 de octubre, la JEP postul\u00f3 ante el Tribunal para la Paz, a un mayor general, 11 oficiales, seis suboficiales, un soldado, un exdirector seccional del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles imputados por \u2018falsos positivos\u2019 en Casanare. Esto significa que el tribunal deber\u00e1 adelantar la etapa de juicio que culminar\u00e1 con la sentencia y la imposici\u00f3n de sanciones propias.  Ante esto, Ramelli asegura que si se comparan con otras sentencias de justicia transicional en el mundo, el tiempo para empezar a tomar decisiones realmente ha sido muy corto. \u201cLa Corte Penal Internacional tard\u00f3 ocho a\u00f1os en condenar a una persona. Nosotros tardamos siete a\u00f1os y medio en una sentencia contra 19 responsables. No se trat\u00f3 de lentitud, sino de agotar todas las etapas procesales y garantizar la participaci\u00f3n de las v\u00edctimas\u201d, dice. Adem\u00e1s, el magistrado dijo que \u201cson decisiones complejas que no se pueden sacar a la ligera, porque de eso depende la legitimidad del sistema (...) El reto ahora es pasar de la sentencia al cumplimiento. No basta con reconocer responsabilidad; ahora viene la etapa de demostrar que esas sanciones restaurativas se materializan\u201d. Seg\u00fan la JEP, hasta el 6 de octubre, por las dos sentencias se han recibido 14 interposiciones del recurso de apelaci\u00f3n, cinco solicitudes de aclaraci\u00f3n, y adem\u00e1s han solicitado tres ampliaciones del t\u00e9rmino de sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, y han sustentado dos apelaciones.  Ana Mar\u00eda Rodr\u00edguez, directora de la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas (CCJ), advierte  que la sentencia del Caso 01 deja varios puntos abiertos. Si bien anuncia una providencia posterior para precisar los detalles de las sanciones, \u201cse\u00f1ala que no dice cu\u00e1ndo se expedir\u00e1 ni fija un plazo para compartir esa informaci\u00f3n con las v\u00edctimas y la ciudadan\u00eda\u201d. Mientras eso ocurre, insiste en la importancia de que los comparecientes sigan aportando a la verdad, especialmente en la b\u00fasqueda de personas desaparecidas y en otras acciones que contribuyan al esclarecimiento de los hechos. La directora tambi\u00e9n record\u00f3 que a\u00fan falta la decisi\u00f3n de la Corte Suprema sobre las sanciones concretas para cada uno de los siete exintegrantes del Secretariado. En todo caso, subraya que la etapa que viene ser\u00e1 compleja. \u201cSe necesita una articulaci\u00f3n r\u00e1pida entre las instituciones del Estado y garantizar los recursos necesarios para que los condenados puedan cumplir con los ocho a\u00f1os de trabajo restaurativo ordenados por la jurisdicci\u00f3n\u201d, concluy\u00f3.\n\n\n\nSin c\u00e1rcel ni reparaci\u00f3n: el reclamo de las v\u00edctimas ante las sentencias de la JEP\n\n\n\nComparecientes del Caso 03, responsables de ejecuciones extrajudiciales en el Caribe. Foto: JEP.\n\n\n\nA pesar de los avances que representan las sentencias, muchas v\u00edctimas han expresado su inconformidad por la ausencia de penas de prisi\u00f3n para los exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc y los militares condenados. Consideran que sin c\u00e1rcel no hay justicia real, y que las sanciones restaurativas no son proporcionales a la gravedad de los cr\u00edmenes cometidos. Para ellas, la reparaci\u00f3n simb\u00f3lica o comunitaria no reemplaza el castigo ni responde al dolor acumulado tras a\u00f1os de secuestros, torturas y asesinatos. En contraste con la valoraci\u00f3n positiva de los magistrados, algunas v\u00edctimas sienten que las decisiones de la JEP reabren heridas y profundizan la sensaci\u00f3n de impunidad. Jacqueline Castillo, representante de las madres de 'falsos positivos' en Colombia, asegura que, aunque reconoce algunos avances, la sentencia del Caso 03 sigue siendo \u201cuna burla\u201d para quienes perdieron a sus hijos en los llamados 'falsos positivos'. \u201cHay que reconocer que la JEP ha hecho cosas positivas, pero esper\u00e1bamos una justicia m\u00e1s real. Ver que no hay condenas verdaderas, que ni siquiera hay persecuci\u00f3n penal, sigue siendo una burla. Cuando ellos estaban en la justicia ordinaria, algunos hab\u00edan sido condenados a 54 o 37 a\u00f1os. Esas penas las cumpl\u00edan dentro de sus brigadas. (Pero) sal\u00edan como si nada, segu\u00edan ascendiendo, y hoy muchos ya est\u00e1n pensionados. Eso es lo m\u00e1s absurdo de todo\u201d, afirma. Castillo considera que la justicia transicional no logr\u00f3 romper con la impunidad de siempre. \u201cHubiera sido significativo que todos fueran llevados a una c\u00e1rcel, como cualquier criminal. Pero muchos llegaron a la JEP s\u00f3lo buscando beneficios. Sab\u00edan que con contar una verdad a medias quedaban en libertad, y eso fue lo que pas\u00f3. Dicen que estuvieron privados de la libertad, pero nunca lo estuvieron. Ahora, con las sanciones propias, ya no van a pagar nada\u201d. Esa inconformidad se concentra especialmente en los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador-Reparador (Toar), la figura con la que la JEP reemplaza las penas de prisi\u00f3n. Aunque el Acuerdo de Paz de 2016 estableci\u00f3 que los exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc no cumplir\u00edan penas de c\u00e1rcel ordinaria, sino sanciones restaurativas dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n, muchas v\u00edctimas consideran que este modelo no refleja la gravedad de los cr\u00edmenes cometidos. Como jurisdicci\u00f3n transicional, la JEP est\u00e1 dise\u00f1ada para ofrecer una justicia reparadora y alternativa a la ordinaria. Por eso, los comparecientes pueden acceder a penas menores a cambio de reconocer su responsabilidad, aportar verdad plena, entregar bienes para la reparaci\u00f3n y contribuir con actos restaurativos en beneficio de las comunidades afectadas. Para Juan Camilo Sanclemente, presidente de la Fundaci\u00f3n Defensa de Inocentes, que representa a varias de las familias de los diputados del Valle secuestrados por las extintas Farc, persisten dudas sobre la efectividad y el alcance real de los Toar y las sanciones. \u201cLas familias han propuesto proyectos que beneficien directamente a la comunidad, como la creaci\u00f3n de un colegio o espacios de memoria. Eso s\u00ed ser\u00eda una reparaci\u00f3n real\u201d, se\u00f1ala. La fundaci\u00f3n es una de las organizaciones que apel\u00f3 la sentencia del Caso 01, buscando la revocaci\u00f3n de la decisi\u00f3n y exigiendo que se emita un nuevo fallo que tenga concordancia con los par\u00e1metros nacionales e internacionales en materia de justicia transicional y reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas. En materia de reparaci\u00f3n, Rodr\u00edguez, de la CCJ, advierte que la sentencia mantiene vac\u00edos importantes. Seg\u00fan explic\u00f3, el fallo no define con precisi\u00f3n cu\u00e1les ser\u00e1n los trabajos o proyectos con contenido restaurador que deber\u00e1n cumplir los exintegrantes de las Farc condenados por la JEP. \u201cDesafortunadamente, la sentencia no se\u00f1ala de manera clara c\u00f3mo cada uno de ellos va a contribuir a la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas\u201d, precis\u00f3. Esa falta de detalle, agreg\u00f3, impide que las v\u00edctimas tengan una satisfacci\u00f3n plena de su derecho a la reparaci\u00f3n. \u201cLa decisi\u00f3n no ofrece informaci\u00f3n suficiente sobre la forma en que se materializar\u00e1n las sanciones restaurativas\u201d, concluy\u00f3. Para Ramelli, algunas afirmaciones sobre los Toar como que \u201clos van a poner a sembrar lechugas\u201d es una caricatura. \u201cLos Toar son proyectos muy serios en b\u00fasqueda de desaparecidos, desminado humanitario, preservaci\u00f3n ambiental y memorializaci\u00f3n. No se trata de trabajos simb\u00f3licos ni de tareas simples; son acciones que tienen un impacto directo en las comunidades que sufrieron el conflicto.\u201d El presidente de la JEP asegur\u00f3 que estas sanciones no implican impunidad ya que tienen una funci\u00f3n restauradora que busca reparar el da\u00f1o y transformar los territorios. Quienes las cumplen deben hacerlo bajo supervisi\u00f3n judicial y con un compromiso real con las v\u00edctimas.  Por ejemplo, en la sentencia sobre el caso de La Popa, algunas  comunidades pidieron como medida reparadora que se construyera un centro comunitario, \u201cporque para ellas el da\u00f1o fue colectivo. Esa es su forma de restablecer derechos (...) Cada territorio tiene una manera distinta de entender la reparaci\u00f3n. En algunos casos se traduce en obras f\u00edsicas; en otros, en procesos culturales o espirituales que reconstruyen el tejido social. Lo importante es que esas sanciones nacen del di\u00e1logo con las v\u00edctimas y no se imponen desde Bogot\u00e1\u201d. Para Castillo, las medidas restaurativas no alcanzan a reparar el da\u00f1o causado. \u201cNo habr\u00e1 nada que ellos puedan hacer para sanar lo que hicieron. Es importante que den la cara, no s\u00f3lo a nosotras, las madres, sino al pa\u00eds. Pero nunca van a decir qui\u00e9n dio la orden. Siempre se quedan en los mandos medios. Sabemos que esas \u00f3rdenes ven\u00edan de los altos mandos, quiz\u00e1s hasta de un Presidente (de la Rep\u00fablica), pero el Acuerdo de Paz blind\u00f3 a esas personas. Por eso, siento que esto sigue siendo una burla\u201d. Ramelli reconoce que ninguna sentencia puede devolver a las v\u00edctimas lo perdido; la reparaci\u00f3n tiene l\u00edmites materiales y simb\u00f3licos que m\u00e1s all\u00e1 de las medidas concretas, la sentencia cumple una funci\u00f3n de reconocimiento p\u00fablico y dignificaci\u00f3n del sufrimiento. \u201cNunca vamos a poder reparar completamente lo que ocurri\u00f3\u201d  \u2014admite\u2014. No hay sentencia ni sanci\u00f3n que pueda devolverles a las v\u00edctimas lo que perdieron. Pero s\u00ed podemos dignificarlas, reconocer la verdad de lo que sufrieron y garantizar que esos hechos no se repitan\u201d, a\u00f1adi\u00f3.  Sanclemente tambi\u00e9n cuestiona que los responsables de las extintas Farc \u201cgocen de beneficios anticipados sin haber cumplido con la verdad\u201d. A su juicio, \u201cla sentencia no define l\u00edmites claros para su movilidad y les permite conservar derechos pol\u00edticos, cuando deber\u00edan tener restricciones durante el pago de la pena. La sociedad cambi\u00f3 la c\u00e1rcel por verdad, pero esa generosidad no puede abusar\u201d.\n\n\n\nLas verdades pendientes del antiguo secretariado\n\n\n\nIntegrantes del \u00faltimo Secretariado de las Farc, durante la audiencia de reconocimiento de responsabilidad por el crimen de secuestro. Foto: JEP.\n\n\n\nRodr\u00edguez reconoce que la sentencia representa un avance importante en materia de verdad. El fallo \u201cofrece respuestas sobre la forma en que actu\u00f3 este grupo a lo largo de las d\u00e9cadas, c\u00f3mo se planificaron, organizaron y ejecutaron los secuestros, y cu\u00e1les fueron las motivaciones que hubo detr\u00e1s\u201d. Sin embargo, advierte que esa verdad general no alcanza a cubrir todas las expectativas de las v\u00edctimas. \u201cMuchas personas a\u00fan no tienen respuestas sobre los hechos puntuales que ellas o sus familiares padecieron\u201d, se\u00f1al\u00f3. De acuerdo con Rodr\u00edguez, si bien algunas v\u00edctimas lograron participar en distintas etapas del proceso y hacer preguntas directamente a los comparecientes, \u201ctodav\u00eda hay muchas que no recibieron toda la verdad que esperaban\u201d.  Ramelli explic\u00f3 que el deber de aportar verdad no termina con la sentencia. Contin\u00faa bajo el r\u00e9gimen de condicionalidad. Es decir, los comparecientes deben seguir contribuyendo con informaci\u00f3n y esclarecimiento de los hechos, especialmente en los casos de personas desaparecidas. Si dejan de hacerlo, pueden perder los beneficios otorgados por la justicia transicional.  Para Sanclemente, \u201cse supone que la centralidad del proceso eran las v\u00edctimas, pero eso nunca pas\u00f3\u201d. Seg\u00fan \u00e9l, en el Caso 01 nunca dejaron hablar directamente a las v\u00edctimas con los comparecientes. S\u00f3lo hubo dos encuentros, y la verdad que entregaron fue superficial o contradictoria. Record\u00f3 que en una de las audiencias, el exdiputado Sigifredo L\u00f3pez intent\u00f3 cuestionar las versiones de los exguerrilleros, pero fue silenciado por una magistrada. \u201cLa JEP no investig\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de lo que ya se sab\u00eda en la justicia ordinaria. No hubo un s\u00f3lo avance en verdad\u201d, asegur\u00f3. Por su parte, Sebasti\u00e1n  Vel\u00e1squez, representante legal de la Federaci\u00f3n de Victimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol) que tambi\u00e9n interpuso una apelaci\u00f3n a las sentencias, sostiene que los m\u00e1ximos responsables no cumplieron con los m\u00ednimos de verdad exigidos por la ley. Explic\u00f3 que durante ocho a\u00f1os exigieron que aportaran hechos de esclarecimiento, no s\u00f3lo reconocimientos. \u201cNo basta con decir \u2018yo secuestr\u00e9 a Pedro P\u00e9rez\u2019; tienen que explicar por qu\u00e9, qu\u00e9 pas\u00f3 con \u00e9l, y, si fue desaparecido, aportar informaci\u00f3n para encontrarlo. Pero esos aportes fueron m\u00ednimos.\u201d Vel\u00e1squez a\u00f1adi\u00f3 que la deuda con las familias de personas desaparecidas es profunda: \u201cMuchos de esos secuestrados nunca regresaron a casa y la JEP tradujo ese compromiso en una l\u00ednea restaurativa, como si cumplir con la verdad fuera parte de la condena y no una obligaci\u00f3n previa\u201d.\n\n\n\nLos problemas de financiaci\u00f3n ponen a prueba la implementaci\u00f3n\n\n\n\nLa JEP calcula que implementar los Toar de sus primeras dos sentencias costar\u00e1 un total de 121.858 millones de pesos. Ramelli explic\u00f3 que la JEP no financia directamente los proyectos restaurativos, sino que los aprueba, verifica y garantiza que cumplan con los objetivos de reparaci\u00f3n y no repetici\u00f3n. \u201cCada Toar deber\u00e1 contar con aliados institucionales y comunitarios que aporten recursos t\u00e9cnicos y log\u00edsticos, seg\u00fan la naturaleza del proyecto. En algunos casos, se trata de convenios con entidades del Estado o con organismos internacionales que ya trabajan en esos territorios\u201d.\n\n\n\nEstas otras entidades tendr\u00e1n que aportar no s\u00f3lo dinero, sino programas, talento humano y herramientas, puntualiz\u00f3. El 24 de septiembre, la JEP hizo p\u00fablica una carta en la que se hac\u00eda una solicitud de soporte y articulaci\u00f3n presupuestal entre sectores para la efectividad de recursos y condiciones transversales que permitan la ejecuci\u00f3n de las primeras sentencias con sanciones propias impuestas por la JEP. El\u00a0 magistrado tambi\u00e9n precis\u00f3 que los comparecientes deber\u00e1n asumir parte de los costos, ya sea mediante la entrega de bienes para la reparaci\u00f3n o la participaci\u00f3n activa en el desarrollo de los proyectos. \u201cEl principio es claro: quien caus\u00f3 el da\u00f1o debe contribuir a repararlo. La sociedad no puede cargar sola con ese costo\u201d. Seg\u00fan la entidad, ya se han hecho algunos avances por parte del Ministerio de Hacienda desde la Direcci\u00f3n de Presupuesto P\u00fablico Nacional, que hizo una primera distribuci\u00f3n presupuestal por $20.000 millones de pesos. Estos fueron destinados a las Acciones y Pr\u00e1cticas Comunitarias y Restaurativas del Fondo Colombia en Paz del DAPRE, la cual es liderada por la Agencia para la Reconciliaci\u00f3n y la Normalizaci\u00f3n.\u00a0 El contralor general de la Rep\u00fablica, Carlos Hern\u00e1n Rodr\u00edguez, asegur\u00f3 que hay incertidumbre sobre los recursos necesarios para financiar las decisiones de la JEP. \u201cLlamamos la atenci\u00f3n en el caso de la JEP, porque ya se est\u00e1n emitiendo los fallos de los macrocasos. 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